“¿Cuánto tiempo más vamos a mantener una política que no funciona?”
La pregunta fue lanzada por Fausto Berjolis (CONICET) durante las jornadas Cannabis, Derecho y Sociedad, el pasado 4 de julio en San Juan. Y todavía resuena como un golpe seco. Porque en los hechos, la política de prohibición del cannabis lleva más de 60 años fracasando: generando estigmas, encarcelamientos, exclusión y daños evitables a la salud pública.
¿Y Chile, cuándo?
Mientras Argentina discute reformas profundas como la derogación de la Ley 23.737 (que penaliza la tenencia incluso en contextos terapéuticos) y avanza en modelos provinciales como los de Mendoza o Chubut, en Chile seguimos… ¿rezagades? ¿inmóviles? ¿Lentos? ¿Sin comunidad?
Podemos hablar de marchas como “Cultiva tus Derechos”, pero ni siquiera logramos ponernos de acuerdo para organizarla como fuerza colectiva.
¿Qué tiene Argentina que Chile aún necesita en su camino hacia una regulación integral del cannabis? La respuesta, clara y contundente desde las jornadas de San Juan, es: educación y profesionalismo, y ahora, la adaptación a una nueva estructura regulatoria.
Argentina: ante una reorganización
Aunque se disolvieron organismos clave como ARICCAME e INASE, el sistema argentino sigue en pie:
- REPROCANN vigente: permite a pacientes cultivar, acceder a productos y designar cultivadores solidarios.
- ANMAT regula cannabis medicinal (con más del 1% de THC).
- Secretaría de Agricultura gestiona semillas y fitomejoramiento.
- Secretaría de Industria regula cáñamo industrial (menos del 1% de THC, excepto flores).
¿Y Chile qué tiene?
En Chile, el autocultivo sigue penalizado incluso para pacientes con recetas médicas.
No hay REPROCANN.
No hay agencia ni marco productivo.
No hay diálogo fluido entre salud pública y regulación.
Y eso es un problema. Porque como se dijo en San Juan, no se puede seguir sosteniendo una regulación hipócrita, que por un lado reconoce beneficios terapéuticos, y por otro criminaliza a quienes los ejercen.
Mientras en Argentina existe una Red Federal de Abogacía Cannábica con representación en más de 11 provincias, en Chile la situación es muy distinta.
Uno de los pocos abogados que hoy está poniendo el cuerpo y la voz por los derechos de los usuarios y cultivadores es Hernán Bocaz. Desde su práctica, acompaña causas, difunde información legal y sostiene —muchas veces en soledad— un rol que el Estado aún no asume: defender a quienes cultivan para vivir mejor.
Y la pregunta cae sola: ¿quién más está poniendo la cara por la justicia en Chile? (ojo que ustedes también me pueden responder)
Chile cuenta con varias organizaciones que, aunque sin representación legal formalizada por abogados propios, se esfuerzan en difundir y acompañar:
Colectivos y direntes como la diputada Ana María Gazmuri, Mamá Cultiva, En Volá, Movimental, Dispersario Nacional, Santiago Verde, entre otros, han protagonizado manifestaciones nacionales y reclamos públicos por el acceso al cannabis terapéutico y la defensa de los pacientes. Pero…
… Si no tenemos respaldo jurídico, si no existe un marco regulatorio que proteja a pacientes, usuaries y cultivadorxs solidarios, como sí existe (aunque imperfecto) en Argentina.
| Tema | Argentina | Chile |
|---|---|---|
| Activismo legal | Red Federal de Abogacía Cannábica, presencia en 11 provincias. Abogadas y activistas como Cecilia Parellada, Bettiana Melar, Paula Saavedra, Laura Godoy, Diana Barreneche. Grupo organizado y profesionalizado. | Pocas figuras como Hernán Bocaz. La mayoría de la defensa queda en manos de ONG y activistas como Ana María Gazmuri desde Fundación Daya. |
| Formas de organización | Asociaciones civiles legalmente registradas (ONGs, redes profesionales). Participación en comités consultivos nacionales. | Actividad principalmente desde la sociedad civil. Muchas ONGs aún sin personería jurídica o respaldo institucional. |
| Educación y formación | Capacitaciones profesionales interdisciplinarias, integración a regulaciones provinciales. | Formación en terreno vía talleres y atención comunitaria, pero sin respaldo estatal formal. |
| Marco regulatorio | Existencia de REPROCANN, sistemas regulatorios y reglas claras. | Ley 20.000 vigente, pero sin mecanismos de implementación ni protección firme a pacientes ni cultivadores. |
En Chile, el cultivo sigue siendo penalizado incluso para pacientes. La falta de espacios educativos y la desconexión entre salud pública y regulación son barreras urgentes. Como se discutió en San Juan, la regulación no puede seguir siendo “hipócrita”, debe responder al consenso social y a la evidencia científica.
Invertir en formación profesional, crear espacios interdisciplinarios y promover el enfoque de reducción de daños son pasos necesarios para que Chile avance hacia una política de drogas más humana, justa y eficiente.
