El pasado viernes 4 de julio, el Foro de Abogados de San Juan albergó las jornadas “Cannabis, Derecho y Sociedad: perspectivas para una transformación jurídica y social”, un evento académico que reunió a profesionales del derecho, la salud y la sociedad civil para debatir el futuro de la regulación del cannabis en Argentina, y por cosas de la vida yo estuve presente, y te cuento todo lo que pasó.
Con el apoyo del Instituto de Derecho Cannábico del Foro y la participación activa de la Red Federal de Abogacía Cannábica —que cuenta con representación en 11 provincias—, la jornada puso el foco en el acceso seguro al cannabis como un derecho y como parte de una política pública de salud integral.
Uno de los ejes más discutidos fue la necesidad de reformar la Ley 23.737 —vigente desde 1989— que sigue penalizando la tenencia simple, aun en contextos terapéuticos, lo que genera criminalización, sobrepoblación carcelaria y estigmatización de usuarios y cultivadores.
Entre los panelitas, se destacaron la Dra. Rocío Paz —directora del Instituto Interdisciplinario de Derecho Cannábico del Foro—, el Dr. Mario Padilla —también integrante del triunvirato del Instituto de Derecho Penal—, y reconocidas figuras como Rodrigo Domínguez (Cannalex), Virginia Coraglia (Asesora en el Gobierno de Mendoza), Marcos Chigal (Misiones), Diana Barreneche (Proyecto Cáñamo), Fausto Berjolis (Especialista en delitos federales y drogas), Laura Godoy Muñoz, Constanza Segovia (médica especialista en cannabis), Paula Saavedra (Red Cannabis Patagonia).Cecilia Parellada (Abogada), Rocio Paz, Directora del Instituto de Derecho Cannabico en el @foroabogadossanjuan y quién estuvo a cargo de la producción y organización de este hermoso y significativo evento.
El encuentro permitió visibilizar el desfase entre la legislación vigente —como la Ley 23.737, que penaliza incluso a usuarios terapéuticos— y los marcos más modernos que promueven la Ley 27.350 y la 27.669, enfocadas en el acceso medicinal y la producción controlada. El mensaje común fue claro: regular el cannabis es una deuda con la salud pública, la justicia social y los derechos humanos.
Créditos de la fotografía: Foro de abogados de San Juan
Reconfiguración del Marco Regulatorio del Cannabis en Argentina: Disolución de Organismos y Nuevas Competencias
La discusión sobre la regulación del cannabis en Argentina ha dado un giro significativo con la disolución oficial de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), una decisión publicada recientemente en el Boletín Oficial. Este cambio estructural impacta directamente en el marco regulatorio, redistribuyendo las competencias de control y fiscalización entre diversas carteras ministeriales.
Durante las Jornadas se enfatizó la relevancia de la Ley 27.350, sancionada en marzo de 2017, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Esta ley estableció el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis (REPROCANN), garantizando el acceso gratuito a derivados del cannabis para pacientes registrados. Es crucial destacar que la reciente resolución gubernamental no impacta de manera directa en las personas con REPROCANN, ni modifica los trámites ya existentes.
Un hito más reciente es la Ley 27.669, sancionada en mayo de 2022 y reglamentada en agosto de 2023, que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Con la disolución de ARICCAME, las funciones de esta ley se reasignan:
- La ANMAT (Ministerio de Salud) será ahora la encargada de regular el cannabis medicinal (con un contenido de THC igual o superior al 1%). Fiscalizará su producción y comercialización (incluidas flores y derivados), otorgará las licencias correspondientes y controlará la importación y exportación.
- La Secretaría de Industria (Ministerio de Economía) regulará el cáñamo industrial (con menos del 1% de THC, excluyendo la flor). Controlará el cultivo, la producción y la fabricación de productos, además de fiscalizar la comercialización en el país y el comercio exterior.
- La Secretaría de Agricultura (Ministerio de Economía) asumirá las funciones del extinto INASE, regulando las semillas, manejando los registros de propiedad y habilitando su producción y comercialización.
Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Se señaló la paradoja de la Ley 23.737, que penaliza el cannabis basándose en la protección de la salud pública, mientras que otras normativas reconocen sus beneficios medicinales. Marcos Chigal detalló que los datos de 2023 revelan la desproporción en las condenas por delitos de drogas en el ámbito federal: de 4.810 condenas totales, solo el 15% (727) corresponden a casos leves de tenencia simple para consumo, mientras que el 64% (3.097) son por comercialización, y un mínimo 0.4% por casos graves de organización y financiamiento. A pesar de los 91.000 “hechos criminosos” registrados, con 58.232 casos por tenencia para consumo, la proporción de condenas en estos casos es notablemente baja, lo que expone una contradicción en el sistema penal.
El debate actual se centra en un anteproyecto de reforma del código penal, mencinó Fausto Berjolis, que, con un 99% de probabilidades de ser presentado al Congreso, según Marcos Chigal, busca derogar la Ley 23.737. La clave reside en cómo se incorporarán esos tipos penales en la nueva legislación, buscando un equilibrio entre la salud pública y la despenalización efectiva para los usuarios y cultivadores. Quedan preguntas importantes por responder sobre los productores y vendedores de semillas legales afectados por prórrogas, los trámites pendientes en ARICCAME e INASE, y el futuro de los emprendimientos que buscan operar dentro de la ley. Se espera que cada organismo oficialice pronto los mecanismos regulatorios.
